SALVAMENTO Y SOCORRISMO ADVIRTIÓ A LA XUNTA DE GALICIA DE QUE SU NORMATIVA “AL PESO” IBA A DEJAR SIN SOCORRISTAS MUCHAS PLAYAS
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA RECLAMA UNA FORMACIÓN DE CALIDAD Y NO DE CANTIDAD PARA QUE HAYA VIGILANCIA EN TODOS LOS ESPACIOS ACUÁTICOS
La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo advirtió hace seis años a la Xunta de Galicia de que su normativa por la que fijaba la formación mínima de los socorristas acuáticos, basada en una gran carga lectiva irracional y justificada al peso, no en la calidad y cualificación de estos profesionales, iba a generar la ausencia de un número suficiente de acreditados como para cubrir todas las playas y piscinas del territorio gallego, como ahora están poniendo de manifiesto, una vez más, instituciones, usuarios y empresas.
Por ello, el organismo federativo reclama al Gobierno gallego que reemplace la estricta y la errática regulación en su territorio de una profesión que prácticamente se reduce a dos o tres meses de verano a lo largo del año, por una formación de calidad y no de cantidad, admitiendo como alumnado en cursos con menor carga lectiva a socorristas que ya poseen un gran dominio del medio acuático.
Pese a haber modificado su propia normativa el año pasado, tras cinco años de constatación del fracaso de su implementación, para ampliar quiénes pueden optar al Registro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia, en la siguiente temporada de la nueva aplicación se ha vuelto a constatar, tal y como vaticinó de nuevo la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, que playas y piscinas de Galicia están sin servicio de socorrismo ante la imposibilidad de cubrir la demanda para dar cobertura a casi 1.200 kilómetros de costa y cientos de otros espacios acuáticos naturales y piscinas.
Desde que en 2012 vio la luz el Decreto por el que se fija la formación mínima exigida a los socorristas acuáticos en Galicia, lejos de solucionar un problema que no existía, se generó una situación que objetivamente afecta a la seguridad de la ciudadanía en los espacios acuáticos, tanto al retrasar su apertura como al ponerse a disposición de los usuarios sin la activación del correspondiente servicio de socorrismo.
De nada sirvió la advertencia a la Xunta de Galicia y a la Academia Galega de Seguridad Pública, primero en 2012 y después en 2017, de los problemas derivados de una normativa carente de lógica para cubrir una demanda que se enfrenta al bajo salario de los socorristas, el corto periodo laboral para esta actividad en Galicia, el elevado precio de los cursos y la larga duración de los mismos.
Estos requisitos, impuestos en 2012 y que no se modificaron en la reforma del Decreto realizada el pasado año, provoca que la Xunta haya perpetuado el problema de la falta de socorristas en Galicia, como se ha puesto de manifiesto con el comienzo de la temporada estival.
