LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO QUEDA DESINTEGRADA DE LA ESPAÑOLA POR INCUMPLIMIENTOS Y AUSENCIA DE GESTIÓN DEPORTIVA
EL ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA PERMITIRÁ LA EXPANSIÓN DEL DEPORTE EN ANDALUCÍA
La Asamblea General de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha acordado la desintegración de la Federación Andaluza por el incumplimiento de sus obligaciones y la ausencia de gestión deportiva en el territorio de la Comunidad Autónoma.
A partir de ahora, la Real Federación Española desbloquea una situación que a lo largo de una década ha impedido a los deportistas de salvamento y socorrismo de Andalucía participar en competiciones nacionales, tramitar sus licencias y participar en la gestión de su federación territorial como consecuencia de las irregularidades habidas en los últimos dieciséis años.
Una sentencia judicial obliga a la Federación Andaluza, actualmente en manos de una comisión gestora, a repetir todos los procesos electorales de ese período (2000, 2004, 2008, 2012 y 2016).
La gestora tiene también encomendado elaborar un censo de entidades y personas que tienen derecho a participar en los procesos electorales y realizar una auditoría financiera y de gestión para valorar su situación económica.
El que fuera presidente de esta territorial, Juan José Sánchez Maspons, fue inhabilitado el pasado 6 de mayo duranteel período de un año por la Junta de Andalucía por la expedición fraudulenta de licencias deportivas, meses después de que dimitiese su Junta Directiva.
A partir del acuerdo de su Asamblea General, que se adoptó con un 82 por ciento de los votos a favor, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo comenzará a difundir y promocionar la modalidad deportiva en Andalucía y federar a cualquier persona que lo desee.
La desintegración ya fue acordada en septiembre de 2013, pero una sentencia contencioso-administrativa obligó a retrotraer el expediente a la fase de alegaciones, pese a que el Consejo Superior de Deportes había ratificado el procedimiento llevado a cabo y que el Tribunal Superior de Justicia de Madridrechazó la demanda de protección de derechos fundamentales que interpuso el entonces responsable de la Federación Andaluza.