La Ley del Deporte de 2022 obliga a la Asamblea General a declarar relaciones contractuales, comerciales o familiares con proveedores
La norma establece unas normas de conducta que afectan también a los demás órganos directivos de Salvamento y Socorrismo
Las personas integrantes de los órganos de gobierno de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo deben cumplimentar una declaración sobre la información relativa a la existencia de relaciones de índole contractual, comercial o familiar con proveedores o entidades que tengan vínculos comerciales o profesionales con la entidad federativa, en aplicación de la Ley del Deporte de 2022, lo que afecta en primer lugar a la Asamblea General.
El artículo 104.2.h) de la Ley del Deporte señala que “se consideran infracciones muy graves de las personas que ostenten la presidencia y demás miembros directivos o de control de los órganos de las federaciones deportivas españolas y ligas profesionales” el hecho del “desarrollo de actividades privadas, mercantiles, comerciales o de cualquier otra índole contraviniendo el régimen previsto para cada órgano en los estatutos de la respectiva federación deportiva española o liga profesional”.
Son las personas que integran la Asamblea General, elegida en el proceso electoral desarrollado este año, las primeras que deberán realizar una declaración expresa en la que se recoja que no mantienen relaciones de índole contractual, comercial o familiar con proveedores o entidades que tengan vínculos comerciales o profesionales con la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, o, en caso, de tenerlas, tienen la obligación de declararlo ante la Secretaría General, a donde deberán asimismo comunicar el desempeño de los cargos deportivos que ostenten.
Obligación para otros órganos federativos
También deberán cumplimentar esta declaración expresa quienes integren la Junta Directiva y la Comisión Delegada, aunque estas ya lo habrán hecho como consecuencia de su pertenencia a la Asamblea General.
La obligación de suministrar información relativa a la existencia de relaciones de índole contractual, comercial o familiar con proveedores o entidades que tengan vínculos comerciales o profesionales con la Federación ya la tienen los miembros de la Junta Directiva en base al Código de Buen Gobierno, cuya última modificación se llevó a cabo en 2022, aunque esta exigencia estaba recogida en redacciones anteriores.
La Comisión Gestora de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo adoptó el pasado 3 de noviembre un acuerdo sobre el cumplimiento de las obligaciones en relación al desarrollo de actividades privadas, mercantiles, comerciales o de cualquier otra índole establecidas por la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, y el 29 de enero otro para reubicar en las 12.00 horas del próximo 10 de febrero el final del plazo que tienen las y los asambleístas para cumplimentar la declaración.
Transparencia reforzada y gestión bajo el buen gobierno
Además, la propia Ley del Deporte obliga a las federaciones deportivas españolas, entre las que se incluye la de Salvamento y Socorrismo, aparte de las obligaciones que ya impone la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, a la publicación en sus entornos web, entre otras cuestiones, las actas de la asamblea general y extractos de las actas de las reuniones de la Junta Directiva y de la Comisión Delegada, información suficiente sobre sus proveedores y régimen de contratación con los mismos, y los informes sobre el grado de cumplimiento de los códigos de buen gobierno, cuya redacción es obligatoria y que debe ser aprobado por la Asamblea General.
Además, un Comité de Seguimiento del Código de Buen Gobierno deberá vigilar el cumplimiento de las disposiciones que se recogen en el mismo.
