Sólo acciones de prevención, formación y de sanción ante las imprudencias puede incidir en una rebaja de los ahogamientos
Presentado el estudio “Muertes por ahogamiento en los espacios acuáticos españoles en el período 2015-2018”
La mayoría de las muertes por ahogamiento en espacios acuáticos de España se pueden evitar. Sólo una decidida intervención de la Administración Pública a través de acciones de prevención, formación y de sanción ante las imprudencias puede incidir en una rebaja sustancial de los fallecimientos en el medio acuático español.
Así lo concluye el estudio “Muertes por ahogamiento en los espacios acuáticos españoles en el período 2015-2018”, elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y que fue presentado en el Comité Olímpico Español (COE) con la presencia de su presidente, Alejandro Blanco Bravo, y de la presidenta del organismo federativo y vicepresidenta del COE, Isabel García Sanz.
La coordinadora de la Comisión de Prevención y Seguridad de la Federación Española, Jessica Pino Espinosa, explicó que desde que se elabora el Informe Nacional de Ahogamientos (INA), cuyos datos se recogen a partir de 2015, y hasta el 31 de diciembre de 2018, se han datado 1.706 muertes por ahogamiento en espacios acuáticos españoles, una media de más de una muerte por día.
En estos cuatro años, 2017 fue el que más muertes registró con 481, y 2018 el que menos, con 373, mientras que en 2016 se dieron 437 y en 2015 se contabilizaron 415.
El INA es una iniciativa de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ante la ausencia de una estadística oficial que permita evaluar el problema de manera adecuada, ya que el Instituto Nacional de Estadística ofrece los datos con, al menos, dos años de retraso.
Realidad que parece no importar
Para Isabel García Sanz, se trata de “una realidad que parece no importar en exceso a la Administración, con independencia de la opción política que la dirija, y que propició que la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo tomase la iniciativa de llevar una estadística diaria de los óbitos que se producen en nuestro país por esta causa”.
Las conclusiones generales del estudio, que abarca las circunstancias de estos fallecimientos entre 2015 y 2018, invitan a la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo a proponer una política de mano dura por parte de la Administración Pública a la hora de adoptar medidas para prevenir los accidentes en el medio acuático y sancionar las acciones imprudentes en el mismo.
De hecho, el 83 por ciento de las 2.053 muertes habidas en espacios acuáticos españoles en ese período, 1.706, se produjeron por ahogamiento, lo que llega a concluir que “con independencia de la causa que produjo la muerte en el agua, parece evidente que muchas de esas defunciones podrían haberse evitado, si las Administraciones Públicas hubiesen dedicado más recursos a la prevención de este tipo de accidentes”, como sucede, por ejemplo, con los accidentes de tráfico en carretera.
Ejemplos de cómo se perfilan los grupos de población a los que afectan más las muertes por ahogamiento en espacios acuáticos es el hecho de que el 35 por ciento corresponda a personas de la tercera edad, con 65 o más años, mientras que los menores de edad son el 6,5 por ciento.
Más del 70 por ciento de los fallecidos son de nacionalidad española y casi el 79 por ciento son hombres.
Del primero de los datos, se reflexiona que “no obstante, España recibió más de 80 millones de turistas en 2018 y por lo tanto, la población extranjera que visita o reside en España, se ve expuesta a los mismos riesgos que la autóctona” y que “teniendo en cuenta que los espacios acuáticos españoles son un destino turístico muy atractivo para millones de personas, nacionales y extranjeras, es necesario que la mejora de la seguridad de estos entornos se convierta en una cuestión prioritaria”.
Sobre el segundo, el informe valora que “es posible que un alto porcentaje de los hombres disponga de una menor aversión al riesgo y, por lo tanto, estén dispuestos a asumir un mayor número de situaciones de peligro que las mujeres”, aunque el trabajo reconoce la “escasez de referentes bibliográficos” sobre esta materia.
Formación y prevención
Aparte de la formación desde el ámbito escolar y las campañas de prevención, tanto globales como específicas para los segmentos de población con mayor nivel de riesgo, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo reclama que se implante una política básica estatal en esta materia, que pase por la implementación de un Plan Estatal de Seguridad Acuática y la creación de una estructura administrativa en la Administración General del Estado, al menos con rango de Dirección General, que se encargue de su ejecución.
Para ello, pide que el Estado ejerza su competencia para establecer una legislación de bases que sea de aplicación en el conjunto del territorio nacional y que impida que las diversas regulaciones produzcan situaciones tan absurdas como que en Galicia sea imposible cubrir con socorristas todas sus playas y piscinas por la exigencia de una formación basada en una gran carga lectiva irracional y justificada al peso, no en la calidad y cualificación de estos profesionales, y que Canarias vaya en la misma línea, aunque con la incongruencia de que la propia Administración autonómica reclama una formación para el desempeño de la profesión de socorrista en playa de 420 horas de carga lectiva, mientras que para piscina sólo solicita una insuficiente y escasa formación de 30 horas.
El estudio deja al descubierto que, de cualquier manera, en el 84,7 por ciento de los casos no había presencia de socorristas en los sucesos mortales acaecidos en los pasados cuatro años en los espacios acuáticos españoles.
La presidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo señaló que “muchos de estos accidentes y, también, muchas de estas muertes podrían evitarse si existiese una legislación estatal básica que regulase la seguridad acuática y que pusiese orden en el batiburrillo que supone la regulación, cuando la hay, de las Comunidades Autónomas, que va desde el desconocimiento de las señales internacionales de seguridad acuática, en un país eminentemente turístico como el nuestro, y la existencia de diferentes señales en función de las Comunidades o Municipios, hasta la ausencia de señalización de las zonas de peligro, cuando no llega a la permisibilidad en el uso de franjas manifiestamente peligrosas para no afectar, como llegó a decirse públicamente en un Pleno municipal, a la imagen turística del municipio”.
De hecho, la mitad de las muertes por ahogamiento en espacios acuáticos ocurren en playas, en concreto el 51,64 por ciento, y el 14,12 en ríos, mientras que las piscinas registran el 10,31 por ciento de este tipo de óbitos.
En la actualidad, las competencias en materia de seguridad acuática se diluyen entre los espacios interiores y la línea de playa entre las Comunidades Autónomas y los Municipios y a partir de la costa en la Administración central, lo que permite una diversificación de normativas que provocan situaciones tan absurdas como que una misma playa, sin ningún tipo de división material que la separe, tenga regulaciones distintas por pertenecer a términos municipales diferentes.
Seis territorios con más de cien muertos
Canarias, Andalucía y Galicia son las tres Comunidades Autónomas que más fallecimientos han registrados entre 2015 y 2018, con 281, 261 y 217, respectivamente, mientras que con más de un centenar de muertos aparecen Comunidad Valenciana (190), Cataluña (172) e Islas Baleares (141). Este hace concluir que “las Comunidades Autónomas españolas con costa son las zonas geográficas que presentan una mayor prevalencia de muertes en el agua”.
Así, el trabajo destaca que “aunque la mayoría de las muertes en el medio acuático se han producido en aguas bañadas por el mar, resulta alarmante la escasa, deficiente o inexistente regulación en materia de seguridad acuática a nivel autonómico” y que “el caos normativo en materia de seguridad acuática sin ninguna ley o norma nacional que regule un sector que se cobra más de 400 vidas humanas cada año hace necesaria una urgente revisión del marco legislativo en esta materia”.
En esta línea, para la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo es necesario que quienes pongan en peligro su vida y la de las personas que participan en su auxilio sufran el peso de la sanción, tanto desde el punto de vista administrativo, con multas económicas y el abono de los gastos de los rescates provocados por imprudencias, como desde la perspectiva penal, tal y como sucede en el ámbito de la circulación de vehículos.
Este es un ejemplo de cómo cuando la capacidad del Estado se empeña en modificar una situación calamitosa, como eran las muertes por accidentes de tráfico, la realidad puede ser modificada por la fuerza coercitiva que la Ley da a la Administración.
Laxitud de la Administración demostrada
La laxitud de la Administración española queda demostrada en decisiones como obviar la seguridad en los espacios acuáticos en el Plan Turismo Seguro, que el Gobierno de la nación se limita a plantearlo como una operación policial que carece de medidas para intentar paliar las muertes por ahogamiento en el medio acuático o en el nulo caso que hizo a la proposición no de ley aprobada el 20 de septiembre de 2017 por el Congreso de los Diputados en la que se le instaba a poner en marcha en el plazo de seis meses un Plan Nacional contra Ahogamientos que definiese una estrategia común sobre esta problemática, estableciese los mínimos de formación para socorristas, las sanciones a aplicar cuando los bañistas cometan imprudencias, y dotase a los ayuntamientos de partidas extraordinarias, en verano, que permitan contribuir a sufragar todos los costes de su aplicación.
El estudio concreta asimismo que en los cuatro años examinados el 54,57 por ciento de las muertes se produjeron en el período estival, entre junio y septiembre, siendo julio el que más fallecidos acumuló, con 295 en el cuatrienio.
Hasta que los ahogamientos no se acometan como “un problema de salud pública muy prevenible”, como ha señalado Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, las pérdidas de vidas humanas, absolutamente evitables, se continuarán produciendo.
La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo desarrolla desde 2016 la campaña #StopAhogados con el objetivo de reducir mediante la divulgación de informaciones, consejos y recomendaciones las cifras de muertes por ahogamiento en espacios acuáticos.
Basada en la difusión de consejos de prevención a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, la presencia de especialistas en centros escolares y a través de las redes sociales, #StopAhogados es la principal acción que se lleva a cabo en España en este campo.
#StopAhogados en diecinueve idiomas
#StopAhogados está traducida a diecinueve idiomas y es difundida por todo el mundo en colaboración con las Federaciones Mundial y Europea de Salvamento. Precisamente, esta última ha aprobado recientemente asumir, a nivel continental, el desarrollo, por las organizaciones nacionales de los 37 países de Europa que la conforman, de la Semana de Seguridad Acuática, una iniciativa de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de respetar determinados parámetros de protección personal y colectiva en el ámbito del uso y disfrute de los espacios acuáticos y que además pretende llamar la atención de las instituciones públicas sobre el imperativo de adoptar medidas para rebajar el número de muertes por ahogamiento en el medio acuático.
En España, la Semana de Seguridad Acuática, que se celebrará entre el 21 y el 28 de junio, servirá de punto de partida de los talleres de sensibilización y prevención de accidentes en el medio acuático que, en el seno de la campaña #StopAhogados, llevarán a cabo hasta septiembre la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y Cruz Roja Española.
El trabajo destaca que “parece probable que un importante porcentaje” de las “personas que se introdujeron en el agua voluntariamente para realizar actividad física, recreativa o laboral” y que fallecieron por ahogamiento, el 65 por ciento del total, “pudo adoptar con anterioridad a la entrada en el agua aquellas medidas preventivas que habrían incrementado sus posibilidades de sobrevivir en este medio”.
“Desafortunadamente –insiste-, la mayor parte de la población no parece identificar el medio acuático como un entorno en el que es relativamente fácil perder la vida”.
La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo también es responsable de la organización del Congreso Internacional de Prevención de Ahogamientos #CIPREA2020, que el año próximo alcanza su tercera edición y que tendrá lugar entre el 16 y el 18 de octubre, la más importante reunión sobre prevención de ahogamientos en espacios acuáticos que se celebra en España.
El presidente del COE destacó la labor de la Federación Española en su labor deportiva y, en este caso, en su faceta social, y redobló la colaboración del organismo olímpico en esta labor. 23/5/19
TEXTO ÍNTEGRO DEL ESTUDIO “MUERTES POR AHOGAMIENTO EN LOS ESPACIOS ACUÁTICOS ESPAÑOLES -PERÍODO 2015-2018-”
